viernes, 30 de noviembre de 2018

Los fracasos exitosos de las propuestas consensuadas



Sin duda alguna que se ha avanzado mucho socialmente hablando cuando vemos el grado de participación que como sociedad tenemos en muchos temas de nuestra vida, esto si bien no es perfecto sí es perfectible y más en el caso de nuestras universidades cuando la incapacidad de decisión se busca cubrir con decisiones consensuadas donde todos opinan aunque no necesariamente todos sepan del tema.

El oxímoron incluido en el título de la presente exposición de ideas no es casual ni mucho menos fruto de la ideación, es deliberado para demostrar esa aberración de la que hablaremos y es tan real como que en muchas de nuestras instituciones de educación superior sucede cotidianamente.

Ejemplifico con lo siguiente. En una ocasión me tocó en una universidad que se nos invitara a todos los maestros a conocer el nuevo instrumento que se utilizaría para la evaluación que hacen los alumnos del docente al final de cada ciclo lectivo. Llegamos al lugar de la reunión y los responsables de la misma comenzaron a presentar las preguntas con sus opciones y preguntar sobre las sugerencias que teníamos.

Quiero hacer un paréntesis aquí para comentar lo absurdo de un esquema de trabajo como ese antes de generalizar el mismo y seguir con el tema de la disertación. ¿Por qué señalo que ese esquema de trabajo era un absurdo? Por tres causas: la primera por que quienes estábamos ahí reunidos no éramos expertos en el tema a tratar, segundo porque desconocíamos qué era lo que se buscaba evaluar lo mismo con el instrumento que con cada uno de sus apartados y sus reactivos,  y tercero porque en específico desconocíamos la intencionalidad de cada pregunta que se nos presentaba. Aun así muchos cayeron y daban sus opiniones.

Cierro el paréntesis y retomo el porqué del título de fracasos exitosos. Tomando el ejemplo anterior, que es 100% real, se nos indicaba como es ese proceso ya se había implementado con quien sabe cuántos maestros (nosotros ya éramos de los últimos) como si la enorme cantidad de implicados garantizara el óptimo resultado de tal proceso. A esto yo llamo un fracaso exitoso, es decir, un proceso que involucra a decenas tal vez cientos de gentes y que por lo mismo parece todo un éxito en cuanto a consenso pero que dado el perfil de los participantes (aunado a las tres condicionantes mencionadas en el párrafo anterior) dan como resultado un mamotreto que realmente no tiene la calidad, ni el nivel, ni la aplicación que se esperaría.

Pensemos en esto. Si un familiar de uno estuviera enfermo no reuniríamos a todos los de la colonia para ver en consenso cuál tratamiento médico le aplicamos, para nada, lo que haríamos es llevar al enfermo con un especialista y seguir al pie de la letra sus indicaciones.

Ahora bien, en el caso de las autoridades universitarias cuyo perfil los vuelve la antítesis de un líder en cuestión de su incapacidad para guiar y decidir, buscan subsanar este defecto con consensos multitudinarios como para esconder entre todos los participantes lo que ellos no pueden hacer.

No estoy en contra de los consensos pero los acoto a lo siguiente: O se usan para recoger ideas generales casi casi como un “¿qué quisieras se diera?” o se hacen entre expertos en el tema que no solo entiendan la temática sino que sean capaces de establecer líneas de acción. El problema está cuando se mezclan estos dos escenarios excluyentes y la participación multitudinaria se confunde con el expertise requerido para hacer propuestas de valor.

Todo proceso participativo, para realmente ser de valor, requiere que quienes participan en los mismos tengan el perfil, el nivel y la capacidad requeridos, en caso contrario todo se vuelve un teatro, solo que en el caso de nuestras universidades públicas en un teatro costosísimo pues el tiempo (que finalmente también es dinero) nos cuesta a todos.


Roberto Celaya Figueroa, Sc.D.
Formación • I+D+i • Consultoría
Desarrollo Empresarial - Gestión Universitaria - Liderazgo Emprendedor

Este artículo puede verse en video en https://youtu.be/I_hmMzjGFE0


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viernes, 23 de noviembre de 2018

Trabajar la ciencia ¿pero no la cultura?



La labor de nuestras instituciones de educación superior gira en torno a lo que se conoce como sus funcione sustantivas, a saber formación, investigación y extensión, estas tres funciones están circunscritas tanto a lo que denominamos ciencia como lo que llamamos cultura, por lo que la responsabilidad de trabajarlas recae en todos los integrantes de nuestras universidades.

He tenido la fortuna de publicar varios libros de diferentes temáticas, en esta tónica he podido sí, trabajar el área de conocimiento  propia de mi formación pero también aquella que identifico más con una parte cultural intrínseca de nosotros tanto como individuos como sociedad.

Respecto de esto último, en una ocasión alguien me cuestionó el por qué un libro reflexivo vivencial lo había desarrollado ya que no era propiamente del área de conocimiento a la que se está acostumbrado trabaje alguien que colabora con la educación superior, mi respuesta más o menos es la que expongo aquí.

Tomemos cualquier programa de cualquier materia de cualquier carrera de cualquier universidad y veremos algo en común: todas manejan cuatro aspectos que tienen que ver con la formación y que son los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores.

Los conocimientos y las habilidades es algo con lo que no se tiene problema pues tiene que ver con el hacer y las materias buscan desarrollar el perfil profesional en este sentido, pero, el gran pero, es que las actitudes y los valores no tienen nada que ver con el hacer sino con el ser y en este sentido con la parte cultural, pero ¿cómo se trabaja esto?

La cuestión cultural como área de trabajo de nuestras universidades generalmente se ve como aquella dedicada a las expresiones artísticas, pero eso es acotar demasiado el término. Una acepción de la cultura en efecto está relacionada con las expresiones artísticas, pero otra se refiere a esos saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social, incluyendo los medios materiales que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver sus necesidades de todo tipo.

Si en la actualidad vemos una cultura, individual y social, expresada por corrupción, complicidad, simulación, una cultura de muerte y falta de respeto a las personas, a la sociedad y el medio ambiente, una cultura del aquí y ahora por encima de lo que sea, entonces estamos viendo un área desaprovechada por parte de las universidades y que forma parte de sus obligaciones ya que la cultura está enraizada en sus funciones sustantivas.

Ahora bien, este trabajar con la cultura, al menos con el referente que aquí estamos manejando, no puede dejarse para algunas materias (de nuevo: sobre todo materias artísticas), sino que debe, al igual que los conocimientos y las habilidades, permear todo el proceso formativo del alumno.

En este sentido la labor de todo aquel que colabora con la educación superior no termina con la transmisión del conocimiento o el desarrollo de las habilidades sino que debe también considerar el impacto en las actitudes y los valores, es decir la cultura, de los individuos y por ende de la sociedad.

En pocas palabras, y terminando mi respuesta, la función de quien colabora con la educación superior también tiene que ver con la cuestión cultural, así que cualquier producto que vaya en este sentido no desvía a quien lo hace de su función principal sino que al contrario permite que éste desarrolle esa función principal al máximo.

El liderazgo que buscan ostentar las universidades ante la sociedad necesariamente pasa por el reconocimiento que hagan estas de los compromisos y responsabilidades que como tales tienen ante la sociedad, compromisos que no solo tienen que ver con trabajar la ciencia sino también el aspecto cultural.

Roberto Celaya Figueroa, Sc.D.
Formación • I+D+i • Consultoría
Desarrollo Empresarial - Gestión Universitaria - Liderazgo Emprendedor

Este artículo puede verse en video en https://youtu.be/crEmOJZpN5Y


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viernes, 16 de noviembre de 2018

Reconocimiento al desempeño académico universitario: ¿de inicio todos ignorantes o todos corruptos?



Las universidades públicas, como parte del incentivo para encauzar las actividades propias de su naturaleza, reciben recursos adicionales mismos que todavía pueden engrosar aportando recursos propios, para reconocer económicamente el desempeño de sus académicos. Este proceso si bien loable, pareciera que parte del supuesto erróneo de que o todos los que participan en un programa como este o son ignorantes o son corruptos, lo cual no es así y todavía más: puede mejorarse.

En una ocasión conversaba con un grupo de amigos sobre los diferentes programas de estímulos al desempeño que conocíamos en las universidades y veíamos la similitud en los procesos: los maestros recopilan la evidencia soporte del desempeño a evaluar, la someten a un dictamen y en virtud de eso se le asigna una compensación pecunaria. Todo bien hasta ese punto, o más bien, hasta el punto en que hice la siguiente observación.

¿Por qué tiene que revisarse el expediente que el maestro somete a dictaminación? –pregunté. Palabras más palabras menos (y yo resumí las diferentes respuestas que se me dieron), la contestación a lo anterior giraba en torno solo a dos posibles situaciones: o que el maestro no integrara correcta y debidamente el expediente o que de plano pusiera evidencias de cosas que no se hicieron y de resultados que no se lograron.

En el primer caso hablamos de errores al integrar el expediente o de mala clasificación de los documentos en él contenido, en el segundo de una situación que incluso pudiera rayar en el afincamiento de responsabilidades. ¿O sea que la revisión esa que se hace se da dado que se supone que todos o son ignorantes o son corruptos? –rematé.

Si bien la discusión se acaloró y las respuestas iban en un sentido de justificar la acción revisora, al final nadie pudo rebatirme que el supuesto que yo daba estaba mal, ya que si tienes que revisar todos los expedientes que los maestros entregan para acceder a los recursos adicionales que su desempeño puede otorgar, esta revisión solo puede ser o por qué crees que todos no saben cómo integrar correctamente un expediente (ignorancia) o de plano todos son corruptos y pueden poner cosas que no se hicieron o productos que no se lograron (corruptos). No hay más para donde hacerse.

Pero entonces, ¿la autoridad debe renunciar a la acción verificadora que como control se le asigna a todo proceso? Para nada, pero antes de llegar a ese punto quisiera ver el del sistema en sí. Si en verdad la crema y nata de la intelectualidad pensante (los maestros universitarios) cometen tantos errores como para justificar la revisión exhaustiva de los expedientes que integran, la verdad que el problema no está en ellos sino en el mismo sistema. La solución es un sistema claro, no burocrático, incluso amigable (ahora con las tecnologías es fácil hacer esto), quiero pensar que hasta interactivo que permita al maestro armar su expediente y antes de validar cada producto verificar que cumpla con los requisitos mínimos.

En cuanto al segundo caso, el de la falsificación documental, bueno antes que nada el revisar al 100% algo parte del supuesto contrario al de la buena fe, más sin embargo si partimos de la buena fe y la confianza podemos recibir lo que se entrega donde quien lo entrega expresa de manera incluso escrita que lo que integra el expediente es real y verdadero bajo pena de la responsabilidad que el mentir en esto pueda acarrear.

¿Y la revisión? La revisión no se cancela, pero se hace aleatoriamente con un entendido claro de la seriedad de ello, tanto para quien revisa como para quien es revisado. Obvio que para llegar a esto el sistema creado debe ser tal que no permita lo primero y la revisión busque dar certeza de que la autoridad no renuncia de su facultad revisora de control pero sin partir del supuesto de que todos o son ignorantes o son corruptos.

A veces la inercia con que se hacen las cosas nos lleva a estados donde al parecer damos vueltas sin lograr insertar aspectos de mejora, la cuestión de los procesos para el reconocimiento académico universitario es uno de ellos donde existen grandes área de oportunidad no solo para eficientar el proceso sino para re-dignificar a quienes en él participan.


Roberto Celaya Figueroa, Sc.D.
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viernes, 9 de noviembre de 2018

Transparencia mínima ¡pero no más!



En ocasiones cuando abordo el tema de nuestras instituciones de educación superior, debo reconocerlo, me muestro crítico e incisivo respecto de ciertos comportamientos, perfiles y desempeño que observo y que creo no están al nivel de lo que ellas y la sociedad en que están insertas merecen, máxime cuando se ostentan como guías y líderes para mostrarnos como hacer mejor las cosas y como ser mejores personas, uno de estos puntos es el de la transparencia donde veo eso sí lo mínimo que se les exige pero no más.

¿Qué es un líder?, ¿cómo puede identificarse?, ¿qué lo define como tal? Sin duda alguna las respuestas a esto giran en torno a ese nivel de desempeño que le permite estar al frente de aquellos que desea liderar. Pues bien, en el caso de nuestras universidades, las mismas se ostentan y buscan se les considere como líderes del actuar comunitario, no solo por el cariz formativo que tienen sino también por cuestiones relacionadas con la solución de problemas o con la extensión de la ciencia y la cultura.

Si esto lo entendemos así entonces deberíamos esperar un máximo en sus comportamientos que incluso excediera lo que como sociedad esperamos o lo que de manera normativa se les impone, pero esto no es así, no al menos en la cuestión relativa a la transparencia.

A partir de que se reconoce el derecho a la información que todos como ciudadanos tenemos comienzan a darse una serie de reglas y ordenamientos para obligar a lo que se conoce como los sujetos obligados a presentar de manera automática información en sus portales y a estar dispuestos a entregar información adicional al solicitante de la misma cuando éste la requiera.

“Un estudio de hace 1 año indicó que el 65% de las instituciones de educación superior no definen en su normatividad los plazos para la actualización de las obligaciones de transparencia y el 46% no establece como obligación dar a conocer los contratos colectivos firmados con sus trabajadores” (http://revistaronda.mx/num471/profugos-de-la-trasparencia) , esta cifra sería suficiente para ver que ese liderazgo universitario, al menos en cuestión de transparencia, prácticamente brilla por su ausencia en nuestras universidades públicas.

Pero el reclamo no se circunscribe a esperar que cumplan nuestras instituciones de educación superior con los mínimos que la leyes les exigen (que por lo visto ya es mucho pedir) sino esperar que den ese extra informativo poniendo a disposición de manera normal y natural, casi casi en automático, otra información que se considere de relevancia para la comunidad, pero parece que ellas piensan diferente porque ni lo primero ni mucho menos lo segundo.

Entonces, ¿podemos llamar líderes a quienes ni siquiera cumplen con lo mínimo que se les exige? Es más, ¿podemos llamar líderes a quienes cumplen con ese mínimo (en el caso de transparencia ese mínimo legal) pero que no están dispuestos a dar ese extra que los defina como tales? Yo dudo de un liderazgo que tenga un comportamiento como éste.

La información adicional la determina las universidades, eso sí, pero también puede ser determinada por el usuario de la información en función de la recurrencia en que éste la solicita. De la misma forma cuando abordo este tema no me refiero solamente a la información que se presente sino también a transparentar al máximo los procesos internos de la universidad ya que, como he señalado en otras ocasiones, mientras más ojos ven menos probable es que se den malos manejos.

Yo sí creo en el liderazgo de las universidades, pero en un liderazgo que se gana día a día con un desempeño de excelencia en el hacer y de congruencia con el decir, la cuestión de la transparencia no es un una condescendencia que tengan las universidades para con la sociedad sino un derecho que todos los ciudadanos tenemos de acceder a lo que ella hace, en ese sentido ella como líder social debe maximizar la manera en que todos nosotros ejercemos este derecho.


Roberto Celaya Figueroa, Sc.D.
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viernes, 2 de noviembre de 2018

Decisiones fundadas y motivadas



El devenir de la humanidad nos ha traído a un punto de la historia donde como sociedad nos hemos dado una serie de ordenamientos para regir de manera consensuada nuestra vida en común, esto no es ajeno a la vida de nuestras universidades pero parece tan lejano cuando las decisiones de las autoridades no presentan un fundamento normativo ni una motivación institucional.

Me ha tocado ver en varias ocasiones oficios, circulares y demás documentos con los que las autoridades universitarias dan a conocer decisiones que atañen a la vida de las universidades que francamente dan pena en el sentido que uno no sabe ni por qué ni para qué que se hace ni mucho menos con qué facultades se hace.

Dense una vuelta por los comunicados que sobre la vida universitaria hacen las autoridades en turno de las diferentes instituciones de educación superior y podrán ver que salvo honrosas excepciones, nunca presentan ni los fundamentos ni la motivación para ello.

Por fundamentos me refiero a los marcos normativos institucionales que facultan a la autoridad a tomar tal o cual decisión. Como todos sabemos, mientras que el ciudadano común puede hacer todo aquello que la ley no le prohíba, las autoridades solo pueden hacer aquello que la ley expresamente les faculte, en nuestras universidades es lo mismo: las autoridades por más superiores que sean solo pueden hacer aquello que la ley les ha facultado, de otra forma hablamos de un acto que excede su autoridad, violenta la vida institucional e incluso puede configurar una irregularidad sino es que un delito.

En el caso de la motivación me refiero a que, aún y teniendo las facultades normativas para tal o cual acción, se presente en la misma exposición de ideas los por qué y los para qué de ello, esto con el fin de dinamizar a la institución en pos de las ideas que motivan las acciones no solo para ser entendidas por todos sino incluso hechas propias para trabajarlas en conjunto.

Con esta estructura pienso en que un comunicado que pudiéramos pensar completo y correcto debería comenzar señalando aquellos lineamientos o directrices normativas sobre las cuales se va a sustentar ese actuar (acciones debidamente fundadas), posteriormente una exposición de ideas donde quedara claro el por qué y el para qué de la decisión que se va a tomar (sobre todo a la luz de la visión y misión institucional o de metas y objetivos estratégicos o específicos de la universidad), por último, la decisión que la autoridad toma.

Es muy fácil decir “hágase esto” o “hágase aquello”, pero no estamos en un juego donde no hay mayores consecuencias sino que quienes están a cargo de una institución de educación superior no solo tienen a su cargo la viabilidad del proyecto que se les ha confiado sino que muchas de sus acciones tendrán un impacto en la sociedad a la que se deben y en la que están insertos, en este sentido por lo menos lo que puede esperarse y/o exigirse, es que toda acción de la autoridad esté debidamente fundada (legítima y legalmente) en los marcos normativos universitarios y tenga una motivación acorde a la visión y misión institucional o al menos a metas estratégicas u objetivos específicos universitarios.

La presentación de decisiones debidamente fundadas y motivadas por parte de las autoridades universitarias permite al grueso de la población institucional cohesionarse alrededor de la idea planteada y empujar en un mismo sentido el quehacer institucional, de la misma forma permite entender de dónde se viene, hacia dónde se va y bajo que reglas del juego se hace eso.



Roberto Celaya Figueroa, Sc.D.
Formación • I+D+i • Consultoría
Desarrollo Empresarial - Gestión Universitaria - Liderazgo Emprendedor

Este artículo puede verse en video en https://youtu.be/oozSyDUBk5I


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