El
devenir de la humanidad nos ha traído a un punto de la historia donde como
sociedad nos hemos dado una serie de ordenamientos para regir de manera
consensuada nuestra vida en común, esto no es ajeno a la vida de nuestras
universidades pero parece tan lejano cuando las decisiones de las autoridades
no presentan un fundamento normativo ni una motivación institucional.
Me
ha tocado ver en varias ocasiones oficios, circulares y demás documentos con
los que las autoridades universitarias dan a conocer decisiones que atañen a la
vida de las universidades que francamente dan pena en el sentido que uno no
sabe ni por qué ni para qué que se hace ni mucho menos con qué facultades se
hace.
Dense
una vuelta por los comunicados que sobre la vida universitaria hacen las
autoridades en turno de las diferentes instituciones de educación superior y
podrán ver que salvo honrosas excepciones, nunca presentan ni los fundamentos
ni la motivación para ello.
Por
fundamentos me refiero a los marcos normativos institucionales que facultan a
la autoridad a tomar tal o cual decisión. Como todos sabemos, mientras que el
ciudadano común puede hacer todo aquello que la ley no le prohíba, las
autoridades solo pueden hacer aquello que la ley expresamente les faculte, en
nuestras universidades es lo mismo: las autoridades por más superiores que sean
solo pueden hacer aquello que la ley les ha facultado, de otra forma hablamos
de un acto que excede su autoridad, violenta la vida institucional e incluso
puede configurar una irregularidad sino es que un delito.
En
el caso de la motivación me refiero a que, aún y teniendo las facultades
normativas para tal o cual acción, se presente en la misma exposición de ideas
los por qué y los para qué de ello, esto con el fin de dinamizar a la
institución en pos de las ideas que motivan las acciones no solo para ser
entendidas por todos sino incluso hechas propias para trabajarlas en conjunto.
Con
esta estructura pienso en que un comunicado que pudiéramos pensar completo y
correcto debería comenzar señalando aquellos lineamientos o directrices
normativas sobre las cuales se va a sustentar ese actuar (acciones debidamente
fundadas), posteriormente una exposición de ideas donde quedara claro el por
qué y el para qué de la decisión que se va a tomar (sobre todo a la luz de la
visión y misión institucional o de metas y objetivos estratégicos o específicos
de la universidad), por último, la decisión que la autoridad toma.
Es
muy fácil decir “hágase esto” o “hágase aquello”, pero no estamos en un juego
donde no hay mayores consecuencias sino que quienes están a cargo de una
institución de educación superior no solo tienen a su cargo la viabilidad del
proyecto que se les ha confiado sino que muchas de sus acciones tendrán un
impacto en la sociedad a la que se deben y en la que están insertos, en este
sentido por lo menos lo que puede esperarse y/o exigirse, es que toda acción de
la autoridad esté debidamente fundada (legítima y legalmente) en los marcos
normativos universitarios y tenga una motivación acorde a la visión y misión
institucional o al menos a metas estratégicas u objetivos específicos
universitarios.
La
presentación de decisiones debidamente fundadas y motivadas por parte de las
autoridades universitarias permite al grueso de la población institucional
cohesionarse alrededor de la idea planteada y empujar en un mismo sentido el
quehacer institucional, de la misma forma permite entender de dónde se viene,
hacia dónde se va y bajo que reglas del juego se hace eso.
Roberto
Celaya Figueroa, Sc.D.
Formación
• I+D+i • Consultoría
Desarrollo
Empresarial - Gestión Universitaria - Liderazgo Emprendedor
Este
artículo puede verse en video en https://youtu.be/oozSyDUBk5I
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Daniel-”, desde www.rocefi.com.mx (Menú “Libros” Sección “e-book gratis”)
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