Lo bueno de los enemigos internos universitarios

Cuando hablamos de un conglomerado social, como en el caso de las universidades, de ninguna forma estamos hablando de un grupo homogéneo e integrado en su totalidad, sino de un conjunto de grupos diversos, diversos en intereses, objetivos, pensamientos y valores, y no solo diversos sino incluso en ocasiones en contraposición unos con otros, situación que debe verse con el potencial positivo que tiene.

Hay quienes tienen una idea sobre la buena convivencia institucional en las universidades que corresponde más bien a una caricatura que a la realidad. Esa caricatura plantea la paz, la armonía y la tranquilidad como las variables mismas del sistema donde todos, en una especie de paraíso terrenal, viven sus vidas universitarias en un ambiente de fraternidad. La realidad es diametralmente opuesta.

Todo conglomerado social está formado por individuos, individuos con ciertas características que por lógica natural se van asociando con quienes las comparten, esta asociación deviene en grupos que terminan compartiendo visiones, principios y valores y por ende proyectos. Por lo anterior estos grupos al interior de las universidades se diferenciaran unos de otros y en ocasiones incluso podrán llegar a estar en contra.

La contraposición de grupos al interior de las universidades sería un caos si no fuera por las leyes y reglamentos que permiten la convivencia, cohesionan a los grupos y le dan dirección al proyecto institucional. Además, en este enfrentamiento hay algo de extremo valor: la visión crítica existente entre los grupos antagónicos.

Esta visión crítica implica que cada grupo está pendiente uno del otro para señalar, exigir, buscar por qué no decirlo, el menor atisbo de error en el otro para como se dice coloquialmente “caerle a palos”. La ventaja de esto es que de una manera informal se genera un acicate para que cada grupo (sobre todo cuando se está en el poder) se desempeñe con corrección, legalidad y excelencia. Esa es la ventaja de los enemigos internos universitarios cuando se sabe aquilatar ese valor: el estar en una constante pugna, uno por hacer lo mejor que esté de sí, otro por buscar los errores del primero para señalarlo.

Si bien alguien podría pensar que un sistema así no pudiera prevalecer, la variable que resuelve esta contradicción es la normatividad interna universitaria. Todos, amigos o enemigos, deben sujetarse a esa normatividad y buscar que con ella se dé ese desempeño excelente y ese espíritu de crítica. Cualquier desborde de pasiones que ignore la normatividad debe verse como un ataque el sistema mismo y por ende corregirse, de ahí en fuera no solo es deseable sino incluso promovible esos grupos antagónicos que sirven de fiscalizadores de la labor unos de otros.

Sin duda alguna todos deseamos paz, armonía y tranquilidad, pero si esto se ve como el objetivo mismo de la vida institucional se corre el riesgo de en aras de ello no señalar errores, no criticar malas actuaciones, no sancionar malas conductas, con lo que el verdadero proyecto institucional no solo no cumple su función social sino que incluso corre riesgo.

Por otro lado, ese enfrentamiento al interior entre grupos antagónicos que se da de manera lógica y que debe sujetarse al marco regulatorio de la normatividad, devengará en cada vez mejores desempeños que imposibilitarán señalamientos y que al final conducirán a ese ambiente deseado ya que quienes detentan el poder lo hará lo mejor posible para no verse señalados y quienes están en contra no tendrán elementos para poder señalar errores o desviaciones.

Si bien esta exposición de ideas se ha hecho bajo el título de “lo bueno de los enemigos internos universitarios”, la realidad es que no hay tales enemigos, sino personas con diferentes maneras de ver las cosas, que tienen otras ideas e intereses, y que si aquilatamos su función crítica al interior de la universidad puede servirnos como aliciente para hacer cada vez mejor las cosas y ser por ende mejores personas, contar con mejores procesos, y avanzar hacia una mejor universidad.

Roberto Celaya Figueroa, Sc.D.

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Funcionarios universitarios: Administradores no dueños

Tal vez por nuestra misma historia y las relaciones que con empresas hemos tenido podríamos pensar que una universidad pública es igual, es decir, que quienes están como autoridades son sus dueños y puede hacer y deshacer, pero esto no es así, las universidades no son de ellos, son de todos nosotros, y la principal función de quienes detentan alguna autoridad en estas universidades siempre girará en torno a la administración de la misma.

A lo mejor nos ha pasado o conocemos a alguien que ante algún problema aparentemente sin solución en su paso por la universidad, gente bienintencionada le ha recomendado que vaya a hablar con tal o cual persona, generalmente funcionarios, para que le solucionen ese problema.

Lo anterior está bien, los funcionarios están precisamente para asegurarse que los procesos fluyan y que las singularidades que pudieran presentarse en el mismo no trastoquen el sentido general para el cual fueron creados ni los fines que persigue la universidad, pero, como siempre el gran pero, ellos no puede pasar por encima de la universidad y hacer y deshacer ya que la institución no les pertenece sino que ellos solo son administradores, y en el mejor de los casos, administradores temporales.

Podemos estar de acuerdo en eso de que los funcionarios son administradores, pero ¿qué es lo que administran? Obvio que una de las primeras respuestas que se nos vienen a la mente se refiere precisamente a los bienes y recursos con que cuenta la universidad, en eso estamos de acuerdo, pero esa primer respuesta no es la única, hay otras dos variables que los funcionarios deben tener en cuenta como parte de su responsabilidad como administradores: los procesos y la normatividad.

Los procesos son todas aquellas actividades en las que se sustenta la vida institucional y que marcan la forma de hacer las cosas, formas que se supone buscan ser correctas y no solo eficientes, responsables y no solo efectivas, éticas y no solo eficaces. Los funcionarios como administradores deben cuidar que los procesos tal como están establecidos se den, pero no solo eso sino también buscar las áreas de oportunidad para mejorar los mismos buscando en todo momento excelencia en el desempeño institucional, excelencia no solo para consigo misma como universidad sino también para con la sociedad, razón por la cual existe.

La otra variable, tal vez incluso la más importante, que los funcionarios universitarios deben administrar con excelsa pulcritudes, la aplicación de la normatividad institucional. La normatividad institucional es ese marco donde las reglas acordadas establecen la dirección en la que debe encauzarse todo en la institución. Estas reglas convenidas, al igual que los procesos anteriores, obvio que son susceptibles de mejorarse, siendo esto algo que debe procurar el funcionario universitario, pero en tanto dichas reglas no sean modificadas el funcionario debe acatar lo establecido y procurar que todos también lo acaten.

Con base en estas dos variables adicionales que se han mencionado, y volviendo al ejemplo inicial de la persona que busca se le resuelva un problema, el objetivo del funcionario deberá ser buscar la mejor solución, siempre que esa solución no violente ni los procesos ni las normas establecidas, después de todo ellos no son los dueños de la universidad, sino solo sus administradores.

En la medida que quienes acceden a algún nivel de responsabilidad como funcionarios en una universidad pública entiendan que como tales no son dueños de la misma sino administradores de sus bienes y recursos, de sus procesos, y de su normatividad, y se aboquen a dar lo mejor de sí para cumplir esa función, podremos confiar que nuestras instituciones de educación superior están en buenas manos y esperar de ellas un desempeño ejemplar a emular por la sociedad.

Roberto Celaya Figueroa, Sc.D.

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Si trabaja en una universidad ¡séale leal a ella y no al funcionario en turno!

La relación laboral al ser una dinámica personal entre individuos, entraña muchos aspectos a considerar. Dada la historia personal e incluso profesional de cada quien, hablando de universidades públicas, en ocasiones se confunde a los funcionarios en turno como si fueran ellos los dueños de la institución buscando serles leales a ellos antes e incluso en contra del ente universitario.

Recientemente en una universidad donde colaboro hubo cambio de Jefes de Departamento, mi correo de felicitación por su nueva responsabilidad iba  acompañado de una frase en la que creo, esa frase señalaba la necesidad de ir de la mano con nuestras más altas autoridades institucionales sin olvidar nunca que colaboramos con ellas, pero –el gran pero- que trabajamos para la institución.

En los varios años de colaborar con la educación superior me ha tocado ver de primera mano muchos casos, tristes por el reflejo de la vacuidad de las personas envueltas en ellos, donde su lealtad estaba para el funcionario en turno olvidándose completamente de su responsabilidad con la institución.

Hay una reflexión que señala que si uno trabaja para alguien debe serle leal y hablar bien de él apoyándolo en todo, pero en el caso de una universidad pública esto tiene otras lecturas ya que la universidad no es del funcionario en turno, él no nos ha contratado de su dinero ni pagado nuestros servicios con sus recursos. Es la universidad como ente moral quien tiene esa relación y a la que, por lo tanto, le debemos esa lealtad.

Obvio que lo anterior no quiere decir que no exista colaboración con las autoridades superiores, al contrario, ese compromiso institucional hace que demos un extra en nuestras funciones, extra que termina apoyando los objetivos de nuestros superiores, pero lo que sí quiere decir es que en caso de tener que decidir entre quedar bien con el funcionario en turno o quedar bien con la institución nuestra decisión laboral, profesional, ética y moral debe inclinarse por lo segundo.

Ahora bien, y aquí es el detalle fino, ¿qué es lo que definirá esa lealtad?, ¿nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras creencias? , pues no, pensar que eso será así es casi casi como concedernos un halo de superioridad sobre los demás, incluyendo nuestros superiores, además generaría una dinámica perniciosa donde todos, creyendo tener la razón de su lado, estarían enfrentados discutiendo por imponerse a los demás, ¿entonces cuál es el camino?

El camino es bien sencillo y corresponde a circunscribirse a la normatividad que la institución tenga. Puede ser más que obvio esto pero me ha tocado ver, también tristemente, como es que miembros de instituciones de educación superior, prácticamente quieren que sus maneras de ver las cosas sean las que se impongan sobre la mayoría aunque eso no esté normado e incluso aunque en ocasiones vaya contra las normas institucionales.

Ya lo he comentado en otras ocasiones que un principio legal, aplicable también para regir la vida interna de las universidades, sostiene que las autoridades pueden hacer únicamente lo que la norma les faculta, mientras que la gente puede hacer todo aquello que la norma no le prohíbe. Observar esto nos permitirá tener un pensamiento claro sobre lo que es realmente la lealtad institucional y apoyar con todo las acciones de las autoridades que vayan por ese carril, pero de la misma forma implica el oponerse con todo a cualquier situación que violente la norma ya que la lealtad de uno es para la universidad, no para el funcionario en turno.

Quienes trabajamos en educación superior debemos dar muestras no solo de capacidad sino también de compromiso, congruencia y carácter, y esto solo puede evidenciarse con nuestras acciones, acciones que siempre deberán estar encaminadas hacia el bien institucional más que en agradar a quien momentáneamente ocupe algún puesto de autoridad en la universidad.

Roberto Celaya Figueroa, Sc.D.

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Clase virtual, clase presencial: colegiatura diferenciada

La educación superior tanto en México como en el mundo enfrenta varios retos, unos de estos retos es precisamente la cobertura y la eficiencia en ella, una manera que se ha buscado para paliar estos retos es precisamente utilizando las tecnologías de la información y la comunicación como estructuras sobre las cuales puedan desarrollarse cursos académicos que no se restrinjan física ni temporalmente.

La revolución iniciada por las tecnologías de la información y la comunicación impactó de tal forma nuestras actividades más cotidianas que prácticamente podemos hablar de un mundo antes de ello y otro después. La manera en que instantáneamente estamos conectados independientemente de la hora o el lugar en que nos encontremos ha llevado al mundo a convertirlo de manera práctica en esa aldea global que tanto se menciona.

La educación, sobre todo la educación superior, ha buscado la manera de aprovechar estas tecnologías de la información y la comunicación para paliar los problemas que sobre cobertura y eficiencia siempre han tenido pero que en la actualidad, con la gran demanda que existe de ella, ha llegado a niveles de presión nunca antes visto.

La cobertura se refiere a llegar a todas esas personas que se excluyen del proceso formativo mientras que la eficiencia se refiere a la conclusión en tiempo y forma de quienes acceden a éste. En ambos casos las clases tradicionales donde el interesado tiene que presentarse a cierta hora en cierto lugar agrava el problema ya que la imposibilidad de cumplir con estos requerimientos puede dar lugar a esa exclusión de la que hablamos o al rezago o la deserción en los casos de quienes sí inician procesos formativos.

Las clases virtuales, también llamadas asincrónicas, permiten esa flexibilidad donde el alumno puede acceder a la hora que quiera y desde donde se encuentre o se le facilite más, para que su proceso formativo no esté condicionado a cuestiones de lugares o de horas, con lo que la presión sobre la exclusión, el rezago o la deserción pierde ese cariz relacionado con las características de las clases tradicionales llamadas presenciales.

Pero aquí hay dos cuestiones que me gustaría tocar, una es la promoción de estas formas de llevar clases o materias, la otra tiene que ver con el costo inherente a la oferta de las mismas. En el primer caso, en ocasiones sea por costumbre, las clases virtuales no son requeridas por los alumnos sobre todo cuando existe la posibilidad de llevarlas de manera presencial (cuando solo está la opción virtual obvio que no hay para donde hacerse); en el segundo caso el costo inherente a ofertar una clase virtual necesaria y forzosamente es menor al no requerir de un espacio físico para ello. Entonces, ¿por qué no ver reflejadas ambas situaciones en una colegiatura diferenciada?

Por colegiatura diferenciada me refiero a una colegiatura menor a la relacionada con las materias tradicionales que requieren darse en una hora y en un lugar dado. Esto con la finalidad por un lado de promover el uso de estas tecnologías y la aceptación por parte del alumnado pero también para en acto de justicia reconocer la diferencia de costos entre una clase presencial y una virtual y reflejar eso en el precio de la misma.

Las colegiaturas diferenciadas permiten ese tratamiento desigual ante dos eventos que son desiguales: las clases presenciales y las clases virtuales, y permiten la difusión del uso de las tecnologías de la información y la comunicación como parte de los procesos formativos reconociendo en los precios de las segundas el diferencial de costos inherentes a ese tipo de oferta.

Roberto Celaya Figueroa, Sc.D.

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Una cosa son los recursos que las Universidades solicitan, otra muy distinta el uso de ellos

La buena administración, no mejor aún: la excelente administración de los recursos universitarios es algo que uno espera de nuestras instituciones de educación superior; éste punto, la administración de los recursos, es la segunda variable, después de la radicación de los recursos que les han sido presupuestados, que ellas y nosotros debemos cuidar, después de todo el dinero no se da en los árboles.

En su momento, por ejemplo en el artículo “Fondos y Autonomía van de la Mano”, he señalado la importancia de la radicación oportuna de los recursos que se les presupuesta a las universidades señalando esto como requisito para que la tan cacaraqueada autonomía sea algo real. Específicamente en su momento señalé que “el tema de los recursos que estando presupuestados para las universidades deben fluir hacia ellas, es complejo dado que involucra cuestiones legales, pero de la misma forma debe haber un mecanismo que obligue a los diferentes niveles de gobierno responsables de financiar la educación superior a entregar en tiempo y forma los presupuestos que se le han asignado a las universidades públicas autónomas de otra forma la concesión de la autonomía será algo propio del discurso más no de la realidad universitaria”. Así que en esto no creo haya duda de mi postura en cuanto a la necesidad de garantizarle a la universidad ese flujo incondicional en tiempo y forma de los recursos que le han sido asignados.

Pero la cuestión del flujo oportuno de los recursos asignados a las universidades solo es una parte de una ecuación de dos variables, la otra variable es el uso que se hace de ellos. Este comentario tiene relevancia pues en ocasiones pareciera que una madre de familia numerosa de una colonia popular sin mayores estudios que los básicos y a veces ni eso tiene mayor capacidad administrativa de los recursos con los que dispone que muchas de las autoridades universitarias.

Todos recordamos a finales de 2013 donde la Universidad Autónoma de Yucatán prácticamente se declaró en quiebra llegando incluso a anunciar al personal académico que no pagaría los sueldos completos, según su Rector Alfredo Dájer Abimheri esa situación era responsabilidad del gobierno federal ya que según él  la Federación no había cubierto en forma completa los incrementos salariales acordados para 2013. O el caso en ese mismo período de la renuncia del rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Armando Silva Cháirez, debido a la quiebra financiera por la que atravesaba esa institución debido al adeudo con diferentes instituciones principalmente con el ISSSTE, así como al Servicio de Ahorro para el Retiro (SAR), a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y los pagos de prestaciones a los sindicatos universitarios que a la fecha sumaban más de 840 millones de pesos.

No voy a entrar en más detalles respecto de esta nota, pero si quiero compararla con el ejemplo inicial que planteé. Si un ama de casa humilde tiene apenas unos pesos se ajusta a ellos, si por X o Y situación esos recursos se ven disminuidos hace un nuevo ajuste, pero ¿qué pasa en muchas ocasiones en nuestras universidades?, pues nada, que parece que todos los gastos tienen la misma importancia y prioridad por lo que no se cancela ninguno ante situaciones adversas generando presiones innecesarias en los sistemas financieros universitarios que evidencian solo la nula capacidad administrativa de las universidades en turno.

Si el ama de casa tiene dinero de sobra contrata televisión por cable, compra electrodomésticos, pone internet inalámbrico, pero si de repente sus finanzas sufren un bajón comienza cancelando gastos, gastos que bien puede ser importantes, como éstos,  pero que están por debajo de los prioritarios. ¿Y una universidad?, ¿será igual de importante y prioritario, por ejemplo, el mantenimiento de albercas para practicar algún deporte que los sueldos de los administrativos?, ¿o tendrá el mismo peso eventos sociales (desayunos, cenas y demás) dados a X, Y o Z personas o grupos de personas que la nómina docente?, entonces ¿cómo es que una universidad no prioriza los gastos y ajusta ellos a los recursos con que dispone?

Repito la idea con la que abrí éste artículo: la obligación de las diferentes instancias de gobierno de radicar los recursos presupuestados a las universidades en tiempo y forma es algo que doy por hecho y que es exigible en todas sus formas, pero (como siempre el gran pero), vivimos en un mundo real, y en ese mundo real uno ajusta sus presupuestos priorizando el gasto a los recursos que en su momento realmente les sean radicados, de otra forma la universidad se vuelve un remedo administrativo sin ninguna autoridad moral para decirle a la sociedad como debe hacer las cosas.

Roberto Celaya Figueroa, Sc.D.

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