viernes, 10 de agosto de 2018

Percepciones salariales de funcionarios universitarios: justas, legales y éticas



Las más nobles metas que persigue, o debería perseguir una universidad, nos  hablan que al frente de las mismas deben estar las personas que reúnan a satisfacción las condiciones de conocimiento, congruencia, compromiso y carácter, de ahí que las percepciones salariales que se les asignen deben estar en función de tres características: ser justas, ser legales y ser éticas.

Hace poco circuló una nota a nivel nacional donde se señalaba como es que tres rectores de universidades públicas ganaban sueldos por encima del de Presidente de la República, más allá de las implicaciones sociales que pudiera tener una información como ésta, están las implicaciones legales pues el artículo señalaba como es que la Constitución prohíbe a los funcionarios públicos (en el que caen los funcionarios de las universidades públicas) el devengar sueldos cuyo importe exceda el del Presidente de la República.

Cuando salió la nota ésta fue extensamente comentada, mientras unos validaban ese nivel de sueldos argumentando las responsabilidades que tienen los rectores de las universidades inherentes al puesto, otros por su parte defenestraban esa situación señalando las grandes carencias que enfrenta el pueblo y la fuente pública de los recursos de los que hablamos.

Sé que éste es un tema escabroso pues implica dinero, pero no solo dinero sino dinero que proviene del pueblo vía impuestos y que se canaliza a nuestras instituciones de educación superior vía participaciones federales y estatales, aún así la noticia mueve a reflexionar. A título personal, puedo señalar que en esto de las percepciones salariales de los funcionarios universitarios deben perseguirse tres fines: ser legales, ser justas y ser éticas.

Legales. La cuestión legal es algo que prioritaria y primeramente debe atenderse. Si el argumento esgrimido por el artículo en cuestión en cuanto a que como funcionarios públicos quienes trabajen como tales en una universidad no pueden devengar un sueldo por encima del de Presidente de la República, es válido éste debe atenderse. No podría pensar en ningún caso en que una universidad incumpliese una norma como lo es nuestra Constitución y aún así presentarse ante la comunidad como opción no solo para la formación de sus jóvenes, la investigación y desarrollo de soluciones innovadoras, o la extensión de la ciencia y la cultura, sino como líder para resolver los grandes retos que ese conglomerado social enfrenta.

Justa. Hay quienes ante noticias como ésta señalan unos niveles de sueldos que “deberían” percibir los funcionarios universitarios que más que justos mueven a risa. Entendamos una cosa: puestos con sueldos precarios dan lugar solo a que gente mediocre quiera acceder a ellos, ¿por qué? pues porque la gente más capaz siempre tendrá la forma de generar su propia riqueza no queriendo comprometerse con puestos que no pagaran ni lo que hacen, ni lo que logran, ni lo que realmente valen. De la misma forma el puesto por sí mismo lleva inherente obligaciones y responsabilidades que deben ser compensadas de una forma correcta para poder decir que esto es justo.

Ética. Con todo y todo no podemos dejar por fuera la cuestión ética. Ante las carencias que guardan en muchas ocasiones nuestras universidades y las comunidades en las que están insertas, la cuestión del nivel de percepciones salariales de los funcionarios públicos debe ser sensible a esas circunstancias y no lastimar al conglomerado social con percepciones salariales excesivas y por ende abusivas.

La solución a esto es sencilla. Existen servicios de consultoría especializados en diseño de puestos y asignación de percepciones salariales las cuales, considerando los tres elementos anteriores y desde una óptica objetiva, pueden determinar y proponer sobre bases firmes, justificables y entendibles los diferentes niveles de sueldos y prestaciones para los funcionarios universitarios.

La cuestión de las percepciones salariales de los funcionarios universitarios es compleja ya que obliga a balancear las tres variables relativas a lo legal, la justicia y la ética en una búsqueda que permita reconocer el desempeño de quienes ostentan los diferentes niveles de autoridad en nuestras instituciones de educación superior.


Roberto Celaya Figueroa, Sc.D.
Formación • I+D+i • Consultoría
Desarrollo Empresarial - Gestión Universitaria - Liderazgo Emprendedor

Este artículo puede verse en video en  https://youtu.be/mLM3olEwJSw


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