Proceso sancionador universitario: En busca de justicia y legalidad

Las universidades como conglomerados sociales están sujetos a reglas comunitariamente aceptadas contendidas en sus normatividades, reglas que para efecto de obligatoriedad contienen sanciones explícitamente establecidas cuando de violación a las mismas se trata pero que de igual forma deben contener procesos que a todos los implicados les de certeza jurídica de que la justicia y la legalidad prevalecen siempre y en todo momento.

Una de las obligaciones que tienen las autoridades universitarias, y bien podría señalar que es una de las obligaciones más pesadas y menos comprendidas por el alto contenido emocional que implica, es la imposición de sanciones a los integrantes de la comunidad universitaria que violen las normas que se han establecido y que rigen la vida interna institucional.

Esa pesadez y esa incomprensión, si bien son naturales en el grueso universitario ya que están en función de lo que la comunidad puede considerar una acción correcta o no, puede clarificarse de tal manera que todo el proceso garantice en todo momento un sentido de objetividad que asimismo garantice prevalezca la justicia y la legalidad que se persigue.

Quiero poner esto bien claro: si no hay garantías de lo anteriormente comentado no solo la percepción social universitaria es la que duda del proceso y sus resultados sino que incluso puede servir de soporte para excesos en la autoridad, excesos que escudándose en esa obligación sancionadora que tienen como parte de su investidura busquen a través de ella la venganza, el sometimiento, o la sujeción.

¿Qué impediría a una autoridad a exagerar, por no decir inventar, las acciones que busca sancionar imponiendo sanciones que dada estas circunstancias serían a todas luces no solo ilegales sino injustas? Si no hay un marco que garantice esa objetividad la respuesta es nada.

Ahora bien, he mencionado reiteradamente la palabra objetividad pero quiero señalar que esto es más bien una intención que debe prevalecer en todo lo que se considere en un proceso sancionador como el que estamos mencionando, una intención más que una meta, ¿por qué? porque toda acción humana basada en la conducta es imposible analizarla desde un punto de vista que se revista de una objetividad total, pero al menos eso debe ser lo deseable.

Para quien no esté de acuerdo con la aseveración anterior les pido hagan la siguiente prueba: la siguiente vez que comenten con un grupo de amigos algo que consideren incorrecto (del mundo de la política, los negocios, la sociedad) vean cómo es que hay sobre el mismo caso posturas diferentes y en muchos casos divergentes. Reitero: la valoración que hacemos las personas de las acciones de los demás reviste siempre un margen de subjetividad.

Pero bueno, esta subjetividad inherente a nuestra interpretación de los hechos es la que debe ser acotada al máximo en un proceso sancionador como el mencionado y la manera de hacer esto es buscar que diferentes instancias y diferentes actores participen en los procesos para garantizar que exista un consenso más que una opinión que se imponga.

En una universidad, buscando esto, se creó una instancia que a manera de comisión deliberativa auxiliaría al Rector en la imposición de las sanciones, solo que esa comisión se integraba ¡por elementos propuestos por el Rector mismo! De inicio y aunque no sea así no hay una  percepción de esa objetividad deseada.

Opciones hay muchas. Por ejemplo que en el caso anterior no fuera una comisión propuesta por el mismo Rector sino a propuesta de instancias institucionales o que cada caso integrara una comisión donde el que señala y el que es señalado pudiera inconformarse hasta en un 30% con la integración de la misma, o procesos que deban cumplimentarse a cabalidad antes de sancionar, e incluso la opción de dirimir el problema en instancias ajenas a la institución antes de proceder con alguna sanción. Y esto por mencionar solo algunas ideas.

En otras ocasiones he señalado que no se puede educar para la paz con lecciones de injusticia e impunidad, pero de la misma forma no podemos esperar una sociedad donde impere la justicia y la legalidad cuando los procesos universitarios sancionadores no den garantías en exceso, si se quiere decir así, de que éstos son del todo objetivos e imparciales.

Roberto Celaya Figueroa, Sc.D.

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El valor agregado de las carreras con especialización

Los retos que enfrentan los sistemas formativos de nuestras instituciones de educación superior las someten a presiones relacionadas con la relevancia, coherencia y pertinencia de los mismos, relevancia, coherencia y pertinencia que exige de ellos profesionistas cada vez más capaces, competentes e innovadores, siendo una opción de valor agregado la oferta educativa que contenga áreas de especialización.

La manera exponencial en que el conocimiento se ha acrecentado en las últimas décadas ha generado una tendencia en el ejercicio profesional que orilla al profesionista a un nivel de especialización que ya no solo toca áreas sino incluso temáticas. Así, por ejemplo, un Contador Público ya no solo puede decir que es especialista en cuestiones fiscales sino incluso puede especializarse más y señalar el enfoque hacia impuestos federales, estatales, locales o sectoriales. Este mismo ejercicio pudiéramos hacerlo para casi todas las profesiones.

La educación superior hasta hace poco tenía, y en muchos casos sigue teniendo, un enfoque generalista, es decir, al futuro profesionista se le daban los conocimientos y se buscaban desarrollar en él las habilidades, actitudes y valores, para que de una forma general pudiera desempeñar su profesión, estando en él, y en su ejercicio profesional, la especialización que una vez egresado pudiera tener.

Este enfoque es válido, no estoy diciendo que no, lo único que quiero poner sobre la mesa es la necesidad creciente del mercado laboral para que el egresado ya no se generalista sino que desde su egreso tenga una especialización. Lo cual no es descabellado.

Si el alumno, futuro profesionista, no tuviera noción alguna del mercado laboral pudiera uno aducir que ese desconocimiento lo pudiera orillar a tomar una especialización que no correspondiera con sus deseos o necesidades ya como profesionista, pero ese mismo argumento queda sin valor cuando se pone de frente con la elección de una carrera por parte del joven el cual al ingresar a una universidad tienen mucho menos noción de lo que va a estudiar comparado esto con el que estando por egresar selecciona en su carrera una especialización.

Por otro lado tenemos la cuestión de las cientos de horas de práctica profesional que ahora todas las universidades tienen y que, aunado al conocimiento así como las habilidades, actitudes y valores que fue adquiriendo/desarrollando durante las clases de su carrera, lo habilitan para estar en posibilidad de decidir al final de su formación un área de especialización.

Esta especialización pusiera ser una materia, cuando mucho dos, donde se dieran contenidos y práctica de una temática en específico de su programa de estudios que tuviera un referente de completa aplicabilidad con la realidad, casi casi como un ejercicio profesional pero bajo la guía de un especialista que busca formar en el futuro profesionista la especialización de la que estamos hablando.

Sé que algunos al leer esto señalarán las materias terminales donde de  una u otra forma según ellos hay una dinámica parecida a lo que aquí se señala, y tal vez tengan razón, pero ¿dónde está la formalización de esa especialización?, es decir, el futuro profesionista termina su carrera con un título y punto, no hay un documento adicional sea constancia, reconocimiento o como se le quiera llamar que señale que este egresado, además del título que posee, también ha demostrado tener los conocimientos, habilidades, actitudes y valores para obtener un papel que formalmente señale esto.

Como una alegoría siempre señalo que la pregunta del mercado laboral debe ser escuchada por las universidades antes de proceder a dar una respuesta, es decir, que lo que se requiere y es demandado de un profesionista debe estar siempre en consideración por nuestras instituciones de educación superior para ofrecer procesos formativos relevantes, coherentes y pertinentes que den como resultados profesionistas capaces, competentes e innovadores, lo cual puede abordarse con la formalización de especializaciones como parte del proceso terminal de una carrera profesional.

Roberto Celaya Figueroa, Sc.D.

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La seriación de materias y la flexibilidad curricular

Los cambios que ha experimentado la sociedad han devenido en una serie de presiones a los sistemas educativos de nivel superior, presiones que tienen que ver con los grandes problemas que enfrentan tales como las altas tasas de deserción, los resultados insatisfactorios del aprendizaje, las limitaciones de recursos humanos y materiales, la débil articulación entre los niveles del sistema y de éste con el entorno (particularmente el mercado de trabajo), así como una escasa producción de conocimientos para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, todo lo cual tiene una relación de una forma u otra con la cuestión de la seriación de materias y la flexibilidad curricular.

Los problemas que enfrentan los sistemas educativos a nivel superior podemos decir que tomaron a nuestras instituciones casi casi por sorpresa. En vez de hablar de cambios paulatinos en muchos casos estos cambios fueron de golpe afectando el proceso formativo mismo de una generación a otra.

Sin hacer una extensa reflexión sobre las dinámicas de estos problemas, podemos decir que una forma que se concluyó que podían abordarse era a través de flexibilizar la curricula.  Esta conclusión surgió al ver la cantidad de gente que desertaba, que no podía seguir sus estudios, porque la dinámica de seriación prácticamente le hacía imposible formular de manera personal la cantidad de materias a llevar así como decidir cuáles serían estas, esto también afectaba los resultados del aprendizaje e impedía la integración temprana del futuro profesionista con el mercado laboral.

La flexibilización, se pensó, permitiría que cada quien generara la carga académica que pudiera y que quisiera llevar, implicaba de la misma forma un reconocimiento a las motivaciones personales de cada quien con lo que los resultados académicos esperados buscaban ser mejores y permitían que quien quisiera ingresar tempranamente al mercado laboral pudiera hacerlo enriqueciendo así su proceso formativo e incluso retroalimentado al mismo.

Desafortunadamente estas buenas intenciones quedaron en muchos casos en papel ya que su aplicación fue totalmente diferente. Por ejemplo, en algunos casos se buscó esa flexibilización simplemente borrando en el papel las líneas que indicaban seriaciones de materia, pero estableciendo en sistemas candados que impedían al alumno inscribirse en tal o cual materia hasta no hubiese aprobado esta o aquella.

De la misma forma en otras universidades esta flexibilización (eliminar seriaciones) no se acompañó de modificación a los contenidos de los programas de curso con lo que el alumno, aunque en efecto podía inscribirse en las materias que quisiese, en muchas ocasiones no contaba con los conocimientos previos que le permitiesen aprovechar dicha materia.

De manera personal estoy totalmente a favor de la flexibilización curricular entendida como la seriación al mínimo de las materias en un plan de estudio, pero de la misma forma acompaño esto con el requisito de que las materias no seriadas incorporen conocimientos y procesos formativos que garanticen la consecución de las competencias planteadas.

Una opción a esto es tener un nivel mínimo de materias al inicio que necesariamente sentaran las bases de todo el proceso formativo, de ahí eliminar seriaciones y que cada alumno haga de una manera dinámica su plan de estudios, pero, como siempre el gran pero, que cada materia considere al inicio una información-formación propedéutica que permita a quien opte por tal o cual materia, contando o no con conocimientos previos, adquirir lo necesario para aprovechar el curso.

La flexibilización curricular es sin duda un reto en nuestras instituciones de educación superior, pero si quienes colaboramos en las mismas no somos capaces de llevar adelante esto que se supone forma parte del quehacer que somos experto, ¿cómo nos vamos poder presentar ante la sociedad para proponer soluciones a los problemas que enfrenta?

Roberto Celaya Figueroa, Sc.D.

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Percepciones salariales de funcionarios universitarios: justas, legales y éticas

Las más nobles metas que persigue, o debería perseguir una universidad, nos  hablan que al frente de las mismas deben estar las personas que reúnan a satisfacción las condiciones de conocimiento, congruencia, compromiso y carácter, de ahí que las percepciones salariales que se les asignen deben estar en función de tres características: ser justas, ser legales y ser éticas.

Hace poco circuló una nota a nivel nacional donde se señalaba como es que tres rectores de universidades públicas ganaban sueldos por encima del de Presidente de la República, más allá de las implicaciones sociales que pudiera tener una información como ésta, están las implicaciones legales pues el artículo señalaba como es que la Constitución prohíbe a los funcionarios públicos (en el que caen los funcionarios de las universidades públicas) el devengar sueldos cuyo importe exceda el del Presidente de la República.

Cuando salió la nota ésta fue extensamente comentada, mientras unos validaban ese nivel de sueldos argumentando las responsabilidades que tienen los rectores de las universidades inherentes al puesto, otros por su parte defenestraban esa situación señalando las grandes carencias que enfrenta el pueblo y la fuente pública de los recursos de los que hablamos.

Sé que éste es un tema escabroso pues implica dinero, pero no solo dinero sino dinero que proviene del pueblo vía impuestos y que se canaliza a nuestras instituciones de educación superior vía participaciones federales y estatales, aún así la noticia mueve a reflexionar. A título personal, puedo señalar que en esto de las percepciones salariales de los funcionarios universitarios deben perseguirse tres fines: ser legales, ser justas y ser éticas.

Legales. La cuestión legal es algo que prioritaria y primeramente debe atenderse. Si el argumento esgrimido por el artículo en cuestión en cuanto a que como funcionarios públicos quienes trabajen como tales en una universidad no pueden devengar un sueldo por encima del de Presidente de la República, es válido éste debe atenderse. No podría pensar en ningún caso en que una universidad incumpliese una norma como lo es nuestra Constitución y aún así presentarse ante la comunidad como opción no solo para la formación de sus jóvenes, la investigación y desarrollo de soluciones innovadoras, o la extensión de la ciencia y la cultura, sino como líder para resolver los grandes retos que ese conglomerado social enfrenta.

Justa. Hay quienes ante noticias como ésta señalan unos niveles de sueldos que “deberían” percibir los funcionarios universitarios que más que justos mueven a risa. Entendamos una cosa: puestos con sueldos precarios dan lugar solo a que gente mediocre quiera acceder a ellos, ¿por qué? pues porque la gente más capaz siempre tendrá la forma de generar su propia riqueza no queriendo comprometerse con puestos que no pagaran ni lo que hacen, ni lo que logran, ni lo que realmente valen. De la misma forma el puesto por sí mismo lleva inherente obligaciones y responsabilidades que deben ser compensadas de una forma correcta para poder decir que esto es justo.

Ética. Con todo y todo no podemos dejar por fuera la cuestión ética. Ante las carencias que guardan en muchas ocasiones nuestras universidades y las comunidades en las que están insertas, la cuestión del nivel de percepciones salariales de los funcionarios públicos debe ser sensible a esas circunstancias y no lastimar al conglomerado social con percepciones salariales excesivas y por ende abusivas.

La solución a esto es sencilla. Existen servicios de consultoría especializados en diseño de puestos y asignación de percepciones salariales las cuales, considerando los tres elementos anteriores y desde una óptica objetiva, pueden determinar y proponer sobre bases firmes, justificables y entendibles los diferentes niveles de sueldos y prestaciones para los funcionarios universitarios.

La cuestión de las percepciones salariales de los funcionarios universitarios es compleja ya que obliga a balancear las tres variables relativas a lo legal, la justicia y la ética en una búsqueda que permita reconocer el desempeño de quienes ostentan los diferentes niveles de autoridad en nuestras instituciones de educación superior.

Roberto Celaya Figueroa, Sc.D.

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Perfiles y procesos para contrataciones docentes: ni los de arriba, ni los de abajo, sino el justo medio

Dicen que con el otorgamiento de un gran poder siempre viene una gran responsabilidad, y esto es verdad. Este otorgamiento de poder puede referirse a situaciones en nuestra vida, profesional o personal, donde nuestra participación en X o Y proceso deviene en un resultado u otro, como en el caso de las universidades cuando se formulan perfiles o se establecen procesos que deberán cumplir los docentes que se contratarán.

Todas las cosas siempre tendrán algo positivo y algo negativo, lo bueno y lo malo como se dice popularmente, las universidades, sobre todo las universidades públicas no son la excepción. En esta ocasión quiero referirme exclusivamente a los perfiles y los procesos que deberán cumplir los docentes que deberán ser contratados para trabajar de tiempo completo en ellas. Perfiles y procesos que, dado eso bueno y malo que mencionaremos, pueden mejorar la universidad o irla empeorando cada vez más.

Lo bueno de una universidad pública, en cuanto a la contratación de profesores como parte de su planta docente, es que ofrece una estabilidad que ni las universidades particulares pueden ofrecer. Al estar subsidiadas por el gobierno la universidad sabe que tendrá de manera constante un flujo de recursos que le permitirá enfrentar su gasto corriente, entre lo que están los sueldos y salarios.

Lo malo de esto es que quienes hacen los perfiles y los procesos de los profesores que serán contratados no sienten esa necesidad e cuidar los recursos ya que no son de ellos, por lo que en ocasiones buscarán que sus amigos o allegados sean los que ingresen a la universidad pues en su mente está la seguridad del empleo comentada anteriormente antes que el bienestar de la universidad en cuanto a calidad, competitividad e innovación.

No digo que esto siempre sea así, pero sí que debemos cuidar los procesos para no dar pauta a que suceda. Refiriéndonos al primer punto, generalmente un proceso de definición de perfiles de maestros a contratar toma en cuenta a la planta académica donde se integrará. Se supone que ésa planta académica estará consciente de sus necesidades presentes y, sobre todo, futuras, lo que permitirá un perfil exigente para que quien entre impregne de dinamismo las variables mencionadas anteriormente de calidad, competitividad e innovación. Pero también puede ocurrir que las relaciones personales influyan y el grupo, o parte el grupo, quiera que tal o cual persona entre a la institución con lo que el proceso puede sesgarse.

De la misma forma el proceso lleva una parte donde generalmente los superiores jerárquicos tienen incidencia, pudiendo inclinar levemente la balanza hacia un lado u otro si es que tienen también interés de beneficiar a algún amigo o conocido. Por eso es que el título hace referencia a que ni un grupo ni un superior deben buscar crear el perfil por sí solos para no generar esos espacios nocivos, sino buscar el justo medio donde los intereses universitarios converjan en los perfiles de las gentes que serán contratadas.

Pero bueno, eso solo es la parte del perfil, ahora la cuestión es que el proceso que se abra permita participar a cuanta gente lo cumpla para estar en posibilidad de poder escoger a los mejores. Lo cual en muchas ocasiones es lo que puede dar al traste todo, ¿por qué menciono esto?, pues porque en muchas ocasiones las universidades que abren plazas a convocar requieren que el proceso o parte del mismo se haga ahí mismo en la universidad (exámenes psicométricos, etc.) lo cual reduce en extremo las gentes que pueden acceder al mismo.

¿Cuál es la solución?, mi respuesta-propuesta siempre ha girado en torno a aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación para hacer todo el proceso, el 100%,  a distancia. Ahora bien, ¿y si hay exámenes que pudieran amañarse, por ejemplo los de salud? Pues sencillo: se establece un compromiso para el que quede, cuando venga a la ciudad sede de la universidad, se haga de nuevo los exámenes en la misma que se consideren relevantes de refrendar para otorgar la plaza la cual se le negaría en caso de descubrir algo como lo anteriormente mencionado.

Así que en la actualidad no hay ningún inconveniente para que las plazas académicas universitarias que se concursen, cuyos perfiles serán resultado de amplios, objetivos e institucionales consensos,  sean competidas por gente de todo un país, ¿o porque no?, de todo el mundo, garantizando que sean los mejores quienes ingresen a nuestras instituciones de educación superior.

Roberto Celaya Figueroa, Sc.D.

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Generalidades de la norma y los procesos universitarios

En otras ocasiones he expresado mi convicción personal de que lo único que le da viabilidad a un proyecto social como es una institución de educación superior es precisamente las leyes, reglamentos y normas de las cuales se le dotan, en función de que éstas directrices estén correctamente formuladas y tiendan a lo mejor que como universidad se puede aspirar, podremos como sociedad confiar en que la misma servirá no solo como líder de procesos sociales sino como ejemplo de los mismos.

No sé si ustedes han tenido una experiencia en una universidad (yo sí) donde existiendo grupos antagónicos en visiones e intereses (lo cual es normal e incluso deseable), las contrapartes se molestaban cuando el otro grupo o sus integrantes se veían beneficiados por X, Y o Z proceso universitario, buscando la manera de revertir eso cuando no hay forma de ello a menos que uno esté hablando de violentar la normatividad institucional.

Las leyes, los reglamentos y las diversas normas de las universidades se piensan de una manera fría y objetiva cuando se desarrollan y después se aplican sin distingos, es por ello que esos lineamientos deben ser pensados de tal forma que su aplicación sea general, es decir, no como algunos quieren, que no sea diseñada específicamente para “golpear” o “dañar” a tal o cual persona o a tal o cual grupo.

¿Todo bien hasta aquí?, ¿estamos de acuerdo? Entonces si esto es así no debemos sentirnos molestos al grado de querer que las cosas sean diferentes, cuando los resultados de cualquier proceso universitario, sea el que sea, beneficie a tal o cual grupo o persona. Si todos jugamos y respetamos las mismas reglas el resultado es lo de menos.

En varias ocasiones una u otra persona se me ha acercado para hablar de tal o cual miembro de alguna universidad con un sentido de descontento ante alguna acción que le ha beneficiado  a este último, dado que no podemos manejarnos con pareceres (así lo he dicho pues convencido estoy que entonces la universidad se volvería tierra de nadie), mi pregunta inmediata es que si cual es la ley, reglamento o norma que se está violando.

Esto es algo complicado pues muchas veces la gente cree que solo porque alguien hace algo que a uno no le parece procede una sanción o amonestación y eso no es así ya que eso solo procederá cuando exista un lineamiento objetivo que se haya violentado. Por eso mi arenga inicial de diseñar procesos generales donde uno contemple las situaciones perniciosas que no desea se den en la institución, pero luego el paso siguiente es el de someterse a esas reglas y respetar los resultados independientemente de cuáles sean esos o a quienes beneficien.

Volviendo al tema de mi comentario con tal o cual miembro universitario que a fuerzas quiere hacer prevalecer su opinión por encima de la norma, mi argumento final estriba sobre el hecho de que no protejo a X o Y persona (cuando veo no procede legal y normativamente lo que este miembro universitario señala) sino que más bien lo protejo a él pues si no hay norma que se respete y son los criterios particulares los que prevalecen nada impide que al rato a él le hagan lo mismo sin ninguna base objetiva. Puesto así el escenario no queda mayor argumentación en contra y lo único que procede es buscar el respeto del marco normativo.

Las generalidades de la norma y los procesos universitarios nos garantizan la objetividad sin sesgo en la aplicación de ésta y da a los miembros de una institución de educación superior la seguridad y estabilidad en sus actos y en sus acciones, pero mejor que eso es que permite avanzar al conglomerado social que la integra hacia una convivencia donde las leyes y reglamentos, no los caprichos o pareceres, son los que rigen la vida institucional.

Roberto Celaya Figueroa, Sc.D.

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Lo bueno de los enemigos internos universitarios

Cuando hablamos de un conglomerado social, como en el caso de las universidades, de ninguna forma estamos hablando de un grupo homogéneo e integrado en su totalidad, sino de un conjunto de grupos diversos, diversos en intereses, objetivos, pensamientos y valores, y no solo diversos sino incluso en ocasiones en contraposición unos con otros, situación que debe verse con el potencial positivo que tiene.

Hay quienes tienen una idea sobre la buena convivencia institucional en las universidades que corresponde más bien a una caricatura que a la realidad. Esa caricatura plantea la paz, la armonía y la tranquilidad como las variables mismas del sistema donde todos, en una especie de paraíso terrenal, viven sus vidas universitarias en un ambiente de fraternidad. La realidad es diametralmente opuesta.

Todo conglomerado social está formado por individuos, individuos con ciertas características que por lógica natural se van asociando con quienes las comparten, esta asociación deviene en grupos que terminan compartiendo visiones, principios y valores y por ende proyectos. Por lo anterior estos grupos al interior de las universidades se diferenciaran unos de otros y en ocasiones incluso podrán llegar a estar en contra.

La contraposición de grupos al interior de las universidades sería un caos si no fuera por las leyes y reglamentos que permiten la convivencia, cohesionan a los grupos y le dan dirección al proyecto institucional. Además, en este enfrentamiento hay algo de extremo valor: la visión crítica existente entre los grupos antagónicos.

Esta visión crítica implica que cada grupo está pendiente uno del otro para señalar, exigir, buscar por qué no decirlo, el menor atisbo de error en el otro para como se dice coloquialmente “caerle a palos”. La ventaja de esto es que de una manera informal se genera un acicate para que cada grupo (sobre todo cuando se está en el poder) se desempeñe con corrección, legalidad y excelencia. Esa es la ventaja de los enemigos internos universitarios cuando se sabe aquilatar ese valor: el estar en una constante pugna, uno por hacer lo mejor que esté de sí, otro por buscar los errores del primero para señalarlo.

Si bien alguien podría pensar que un sistema así no pudiera prevalecer, la variable que resuelve esta contradicción es la normatividad interna universitaria. Todos, amigos o enemigos, deben sujetarse a esa normatividad y buscar que con ella se dé ese desempeño excelente y ese espíritu de crítica. Cualquier desborde de pasiones que ignore la normatividad debe verse como un ataque el sistema mismo y por ende corregirse, de ahí en fuera no solo es deseable sino incluso promovible esos grupos antagónicos que sirven de fiscalizadores de la labor unos de otros.

Sin duda alguna todos deseamos paz, armonía y tranquilidad, pero si esto se ve como el objetivo mismo de la vida institucional se corre el riesgo de en aras de ello no señalar errores, no criticar malas actuaciones, no sancionar malas conductas, con lo que el verdadero proyecto institucional no solo no cumple su función social sino que incluso corre riesgo.

Por otro lado, ese enfrentamiento al interior entre grupos antagónicos que se da de manera lógica y que debe sujetarse al marco regulatorio de la normatividad, devengará en cada vez mejores desempeños que imposibilitarán señalamientos y que al final conducirán a ese ambiente deseado ya que quienes detentan el poder lo hará lo mejor posible para no verse señalados y quienes están en contra no tendrán elementos para poder señalar errores o desviaciones.

Si bien esta exposición de ideas se ha hecho bajo el título de “lo bueno de los enemigos internos universitarios”, la realidad es que no hay tales enemigos, sino personas con diferentes maneras de ver las cosas, que tienen otras ideas e intereses, y que si aquilatamos su función crítica al interior de la universidad puede servirnos como aliciente para hacer cada vez mejor las cosas y ser por ende mejores personas, contar con mejores procesos, y avanzar hacia una mejor universidad.

Roberto Celaya Figueroa, Sc.D.

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