La
transparencia no es un acto de buena voluntad del funcionario sino una obligación
mínima que debe mostrar durante su gestión ya que los recursos que administra
no le pertenecen y su ejercicio debe soportar la prueba del escrutinio público
para asegurar que su aplicación no responde a filias o fobias personales sino a
un sentido de responsabilidad institucional.
Curiosamente
el derecho a la información se estableció en nuestra Constitución desde el año
1977 al señalar en su artículo 6° escuetamente que “el derecho a la información
será garantizado por el Estado", pero no fue sino hasta 2002 que se aprobó
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación como reglamentaria
del artículo 6° constitucional. La idea de esto era (1) facilitar el acceso a
la información por cualquier medio sin necesidad de requerir identificación ni
acreditar interés alguno, (2) hacer sencillos los procedimientos y recursos de
revisión, (3) pretende asegurar el cumplimiento de las resoluciones de los
respectivos órganos, dar cierta homogeneidad a los órganos, (4) poner plazos razonables,
y (5) homologación de los plazos de reserva.
Posteriormente
a esta aprobación, las entidades federativas comenzaron a efectuar leyes y
reglamentaciones en el mismo sentido: Sinaloa, Jalisco,
Michoacán,
Aguascalientes y Querétaro en 2002; Durango, Coahuila, Nuevo León,
Colima,
Guanajuato, Morelos, San Luis Potosí, Distrito Federal y Guanajuato en
2003;
Nayarit, Zacatecas, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Yucatán,
Quintana
Roo y el Estado de México en 2004; Chihuahua, Sonora, Baja California,
Baja
California Sur, Guerrero y Campeche en 2005; Chiapas, Oaxaca, Hidalgo y
Tabasco
en 2006.
Si
bien ha sido realmente un logro el reglamentar este derecho ciudadano, aún queda
mucho por hacer. A casi diez años de la reforma federal y más de un lustro de
la incorporación legislativa por parte de los últimos estados, las exigencias siguen
siendo las mismas: acceso correcto y oportuno.
Académicos
y representantes de las agrupaciones civiles coinciden en que el derecho a la
información gubernamental corre el riesgo de ser una simulación, pues la falta
de sanciones ha permitido que gobernantes, dependencias y todo el sistema
burocrático se invente modelos para la opacidad. Como menciona Ernesto Villanueva,
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, “distintas entidades han
sofisticado sus mecanismos de evasión’, y entre los más comunes está la de
clasificar información como "reservada". Simplemente en 2008 sólo cinco
de las 32 entidades federativas aprobaron el Subíndice de Transparencia y
Rendición
de Cuentas de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex).
¿Por
qué se da esta opacidad? Porque así conviene a quienes siguen buscando el manejo
discrecional de los recursos públicos. Después de todo la transparencia es la
prueba de fuego para el desempeño de cualquier funcionario, ya que se sustenta
en la exigencia de la sociedad para conocer los manejos financieros y económicos
que de los recursos públicos hacen los funcionarios así como los resultados
obtenidos de dicha aplicación.
Pero
bueno, eso es en el ámbito gubernamental, es de suponer que las instituciones
educativas son ejemplo de transparencia y rendición de cuentas.
Desafortunada
y tristemente no es así: Según el Índice de Transparencia y Acceso a la
Información de las Universidades Públicas en México 2009" que elaboró la
empresa consultora aregional.com, el promedio de calificación en materia de acceso,
disponibilidad y calidad de la información pública en estas instituciones es de
68.5, de un rango del 0 al 100.
El
título de la presente colaboración es precisamente “Transparencia y Legalidad”,
¿o es al revés?, ya que la primera es consecuencia de la segunda y al mismo tiempo
la segunda es consecuencia de la primera. Dicho de otra forma, la transparencia
efectiva obliga a un actuar legal o como me gusta decir “mientras más ojos
están viendo, menos margen para la discrecionalidad hay’, pero al mismo tiempo
el actuar legal permite que se dé la transparencia efectiva, o dicho de manera
coloquial “el que nada debe, nada teme".
Las
universidades deben ser ejemplo de lo que se busca crear en la Sociedad, una
universidad no puede pretender construir una mejor sociedad a través de la formación
de sus integrantes si ella misma es incapaz de vivir valores como justicia,
legalidad, orden, respeto, y, en este caso, transparencia.
Obvio
que esto obliga a un comportamiento impecable en el ejercicio de sus funciones
para transparentar al máximo el uso de recursos y la obtención de resultados. Y
por transparentar al máximo es ir hasta el límite superior que la misma norma
establece, no al límite inferior. Por ejemplo, si ante la difusión de una
información la norma permite difundirla o no, es de pensarse y cuestionarse el que
los funcionarios opten mejor por no difundirla. Reitero: máxima difusión obliga
a desempeño impecable.
Generalmente
a quienes señalamos de manera crítica mejores formas de hacerlas cosas se nos
contesta con el estribillo de que “no es lo mismo ver los toros desde la
barrera que bajar al ruedo", es decir, que no se vale estar diciendo como
hacer mejor las cosas cuando uno nunca ha estado en esa posición. En mi caso he
tenido la oportunidad de desempeñarme como funcionario público en el sector académico
y llevar al máximo superior el principio de transparencia, vayan cuatro ejemplos:
(1) Información Financiera. Cada mes durante todo el periodo que se estuvo como
Director Académico se envió a los Departamentos Académicos y se publicó en la
página de la Dirección el estado financiero; (2) Avance Presupuestal
Proyectos
Autofinanciables. Por primera vez, como funcionario se aplicó la política de
hacer públicos los resultados de proyectos autofinanciables como Congresos y Programas
de Certificación para posteriormente decidir entre los Departamentos
Académicos
participantes la aplicación de los remanentes; (3) Sesiones públicas abiertas
de Comisiones Académicas. En la primera reunión de la Comisión
Académica
en que se participó siendo Director Académico se logró por primera vez en la
historia de esta Comisión abrir la misma para que sus sesiones fueran públicas
y abiertas, lo cual se mantuvo mientras se permaneció como miembro de la misma;
y (4) Plazas Académicas. En los dos procesos de plazas académicas que tocó
liderar como Director Académico los perfiles fueron elaborados por los Departamentos
Académicos y publicados en la página de la Dirección. De la misma forma una vez
concluido el proceso se envió y publicó una relatoría de los procesos donde se
adicionaron por primera vez en la historia institucional elementos para hacer
dichos procesos más objetivo, justo y equitativo tales como el que el sínodo
fue compuesto al azar entre los integrante del departamento, que los temas fueron
de la misma forma entregados al azar a los convocantes en igualdad de
condiciones o el de que el resto de los integrantes del Departamento que no
participaba como sínodo podía fungir si así lo deseaba como observador en los
exámenes académicos a los concursantes.
¡Ojos,
ojos, ojos! Se necesitan muchos ojos que estén viendo y evaluando el actuar de
los funcionarios, y en ese sentido estén exigiendo la información a la que como
ciudadanos tenemos derechos. Después de todo, ¿por qué permitir que se nos corra
una cortina sobre la transparencia utilizando bases legaloides?, al contrario,
salvo que la información sea personal o realmente afecte proyectos de las
instituciones, esta no debe reservarse solo porque “no es conveniente", ya
que generalmente esa conveniencia apunta a lo que es conveniente para el
funcionario que no ha estado a la altura de su responsabilidad y busca la
manera de ocultar su incapacidad o complicidad.
En
pocas palabras, en la vida universitaria nunca serán las palabras las que motiven
grandes cambios sino los hechos y las acciones que coherentes con los valores
sean emprendidas. Como comencé diciendo al principio, la transparencia no es un
acto de buena voluntad del funcionario sino una obligación mínima que debe
mostrar durante su gestión. El funcionario está obligado a transparentar la aplicación
de los recursos y los resultados de su gestión, por lo tanto debe buscar las
formas hacerlo más allá de lo que está obligado, lo cual es garantía de
justicia y legalidad.
Los
funcionarios públicos de nuestras universidades no deben sentirse amenazados
por el derecho a la información que cada ciudadano tiene, al contrario, deben
ver eso como una oportunidad de desempeñarse ética, legal y públicamente de
manera excepcional acorde a la responsabilidad adquirida.
En
la medida que ellos sean capaces de responder con creces a la confianza que la
comunidad les deposita y que nosotros ejerzamos el derecho de fiscalizar y evaluar
su desempeño podemos estar seguros que entre todos construiremos una sociedad
cada vez más justa, honesta, legal, democrática y transparente.
Roberto
Celaya Figueroa, Sc.D.
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