viernes, 26 de mayo de 2017

Funcionarios universitarios endógenos: la máxima expresión de la falta de capacidad


La administración de una universidad no es poca cosa, no solo hablamos de una entidad en la que convergen recursos humanos, materiales y financieros, sino de una institución cuyos alcances tienen que ver con la formación, la investigación y la extensión de la ciencia y la cultura y cuyos efectos la trascienden en el tiempo y en el espacio, en este sentido todos esperaríamos que quienes están al frente de ella fueran lo mejor de lo mejor tanto personal como profesionalmente hablando.

Cuando se va a adquirir un bien o un servicio, y está en posibilidad de elegir libremente de entre varios con el mismo precio, uno siempre se inclina por aquel que represente las mejores características o condiciones. Pero imaginemos una situación en la cual, aunque hubieran varios productos o servicios del mismo precio se nos obligara a escoger solo de entre un grupo de ellos sin posibilidad así de elegir de entre todos, realmente estaríamos en una situación bastante desventajosa, situación que desafortunadamente algunas universidades no solo enfrentan sino que incluso promueven.

En una ocasión, de visita por una universidad, me tocó ver una convocatoria para renovar ciertos cuadros directivos de alto nivel, lo que más me llamó la atención fue que de entre todos los requisitos (los cuales eran por demás lógicos, deseables e incluso exigibles) había uno referido a que fuese parte de la institución. Preguntando a quien me había invitado me argumentó a favor de que fueran los mismos miembros de la institución los que, en reconocimiento de sus trayectorias y capacidades, fueran promovidos a puestos directivos.

A mi pregunta de por qué no se abría ese proceso a la comunidad externa para que participara quien quisiera me argumentó aún más sobre las bondades (que por cierto no vi por ningún lado) de que fuera gente que conocía a la institución la que fuera promovida, amén de que no fuera justo que viniera gente de fuera cuando ahí dentro había recurso calificado y cualificado más que de sobra.

Como invitado no entré en polémica, pero el argumento esgrimido no era convincente e incluso ni siquiera creíble: Si la gente interna en efecto estaba tan calificada y cualificada como se me argumentaba, no había justificación entonces para que no pudiera competir con gente incluso de fuera de la institución.

Pero vayamos más allá en este pensamiento. Supongamos que uno se va a someter a una operación de riesgo, digamos del corazón, si pudiéramos escoger (es decir, si tuviéramos la capacidad financiera para pagar por el servicio que quisiéramos) ¿no elegiríamos al mejor médico que estuviera calificado para ello? Ahora imaginemos que nos dan a escoger, no de entre los mejores médicos, sino de un grupo que por X, Y o Z es del cual podemos elegir, realmente sería una situación bastante incomprensible, entonces ¿por qué temer a la competencia y privar a una universidad de que realmente quienes están al frente de procesos claves sean lo mejor de lo mejor?

Ahora bien, para estar seguros de que son lo mejor de lo mejor la premisa básica es que la competencia sea abierta y los candidatos medidos, si: en igualdad de condiciones, pero también con altos estándares para que solo llegue quien debe llegar. De nuevo veamos el punto: una universidad puede (énfasis en puede) elegir, tiene los recursos (el sueldo asignado para tal o cual puesto),  entonces ¿por qué limitar esa elección solo “a lo que está dentro”? ¿Cuál sería realmente un argumento de peso para impedirle a la universidad elegir de entre todas las opciones (internas y externas) a las que tiene acceso, lo mejor? Pensar “solo aquí, para ver si alguna vez me toca” es una manera individualista, egoísta y limitada de ver las cosas, pensar “que esté el mejor, venga de donde venga” es una forma institucional, generosa y trascedente de abordar el asunto.

Cualquier argumento en pro de la restricción en procesos de selección de funcionarios como los que hemos abordado en el presente artículo es salvable, creo que es más lo que se gana con la competencia franca y abierta que lo que se pone en riesgo (si es que realmente hay algo que se ponga en riesgo), y, sobre todo en las universidades públicas, creo que la sociedad merece que al frente de los procesos claves de la institución que es sufragada con sus recursos y que tiene en sus manos la formación de los futuros profesionistas esté lo mejor de lo mejor.


Roberto Celaya Figueroa, Sc.D.
Formación • I+D+i • Consultoría
Desarrollo Empresarial - Gestión Universitaria - Liderazgo Emprendedor

Este artículo puede verse en video en https://youtu.be/qDcSdKsxBhs

También puede descargarse gratis el poemario del mismo autor "Perfectos son tus caminos” -50 poemas en la línea del pensamiento cristiano-, desde www.rocefi.com.mx  (Menú “Libros” Sección “e-book gratis”)

viernes, 19 de mayo de 2017

Competir para no llegar –la cuestión de las profesiones saturadas-


La educación superior tiene como uno de sus principales objetivos, como su misma denominación lo indica, el formar profesionistas con los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores para desempeñarse con éxito en el mundo actual, pero esto implica que hay precisamente un mundo actual donde desempeñarse, es decir, un mercado capaz de dar cabida a estos egresados, pero ¿qué pasa cuando no es así?

La escena es conocida por muchos: los padres orgullosos en la graduación de sus hijos se toman fotos, acuden a ceremonias y festejan pues no es menos encomiable el haber alcanzado esa meta: implico años de tiempo, dinero y esfuerzo. Pero el final feliz de esa historia no termina con los festejos propios de la obtención del título, el verdadero culmen de la misma es cuando este profesionista logra colocarse en un trabajo bien pagado y acorde a su perfil profesional.

Pero, ¿qué sucede cuando hay una saturación de egresados que impide al mercado laboral acogerlos? Hay estudios que muestran cómo es que carreras tales como Derecho,  Administración o  Contador Público muestran una sobresaturación de egresados (algunos de estos estudios apuntan a que estas tres carreras representan el 30% del total de los estudiantes de licenciatura a nivel nacional), ¿cuál es el resultado de esto? Tomando datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), sólo el 57.4% de los profesionistas del área Económico-Administrativa tienen un empleo relacionado con lo que estudiaron.

Si vamos a un nivel más general, la Secretaría de Educación Pública (SEP) identificó 16 carreras críticas con exceso de oferta de egresados, lo que hace que se produzcan empleos con salarios más bajos y sea más difícil obtener un puesto en esas áreas, estas carreras son las de Contaduría, Administración, Derecho, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería en Computación e Informática, Arquitectura y Urbanismo, Comunicación y Ciencias Políticas, entre otras, las carreras saturadas en las que se registran más de 135 mil egresados por cada puesto de trabajo.

Hay quienes ante este escenario señalan que solo deberían ofertarse aquellas carreras que realmente tuvieran posibilidad de colocación laboral e ir cerrando las que no, pero eso pone a la educación al servicio del mercado y no de las personas, por otro lado las personas tienen la libertad inherente como seres humanos de estudiar lo que deseen, sea esto demandado laboralmente o no, luego entonces ¿cómo conciliar la libertad inherente a cada persona a estudiar lo que desee con las expectativas personal, profesional y social de colocación laboral?

Una manera de establecer un punto de acuerdo en el conflicto anterior es el referido a la información que presenten las universidades. Si uno entra a cualquier página universitaria y ve cualquier oferta educativa se dará cuenta cómo es que la información está incompleta ya que sesgadamente cuando mucho presenta los lugares donde el egresado puede desempeñarse como una posibilidad, pero eso es casi casi como decir que si uno compra un cachito de lotería tiene la posibilidad de volverse millonario: no miente, pero tampoco dice la verdad completa. La solución es información.

Es casi inconcebible que una lata de verduras contenga en muchas ocasiones más información que una oferta educativa, ¿qué le faltaría a todas las ofertas educativas de las universidades mostrar como información adicional? Algo que yo llamo el índice de empleabilidad. Este índice no es otra cosa que la información oficial y formal que muchas veces anda dispersa por la red respecto de la carrera en cuanto a las posibilidades laborales, desde los nivele de demanda hasta los sueldos esperados. Así con esta información la decisión de quien opte por una u otra oferta educativa estaría basada en información completa y, ahora sí que como decimos, “bajo su propio riesgo”.


La educación superior maneja en su discurso el compromiso con la sociedad que tiene, pues bien, una manera de responder a ese compromiso es presentar la información requerida para que quienes opten por una u otra oferta educativa lo hagan con conocimiento de causa atendiendo a la libertad que cada quien tiene de estudiar lo que desee pero informando de las condiciones laborales para la profesión elegida.


Roberto Celaya Figueroa, Sc.D.
Formación • I+D+i • Consultoría
Desarrollo Empresarial - Gestión Universitaria - Liderazgo Emprendedor

Este artículo puede verse en video en https://youtu.be/iQ8g3WlOKl0

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viernes, 12 de mayo de 2017

Educación Pública ¿privada? –la cuestión de las cuotas-


La educación superior como cualquier actividad humana, tiene necesidad de sostenerse económicamente, en el caso de las universidades públicas el gobierno dispone de partidas presupuestales para garantizar su función, de la misma forma, y como una manera de complementar esta necesidad de recursos, las universidades tienen fuentes para generar lo que se conoce como ingresos propios, una de estas fuentes son las cuotas universitarias.

La historia de la educación, sobre todo de la educación superior, tiene mucho para entender el estado actual de la misma. Originalmente, la educación superior (o lo que entenderíamos como ello) estaba prácticamente vedada para las clases altas, los aristócratas, los pudientes. No es sino hasta el advenimiento de la universidad pública donde las puertas del conocimiento se abren para la sociedad.

La idea de una universidad pública se sustenta en la premisa que reconoce a la ciencia y el conocimiento como el motor de desarrollo de las sociedades. Inicialmente las universidades se sostenían con lo que los gobiernos les asignaban para sus funciones sustantivas, pero teniendo necesidad de mayores recursos éstas comenzaron a ver otras áreas de oportunidad para allegarse de ellos:  eventos, renta de locales, sorteos y demás comenzaron a verse como las áreas potenciales para recursos extras, de la misma forma el establecimiento de cuotas entró en escena.

Una universidad pública no está diseñada para funcionar (mantenerse y financiarse) con cuotas o colegiaturas, hacerlo así revertiría la tendencia de la educación superior hasta los niveles primarios de la misma donde solo los que podían pagar por la educación tenían acceso a ella. De la misma forma la asignación de un presupuesto le concede cierta libertad para formar, investigar y extender la ciencia y la cultura no necesariamente con criterios monetarios o mercantilistas sino también sociales.

Pero de la misma forma la sociedad, que presenta varias necesidades prioritarias en cuestiones de salud, alimentación o seguridad, cada vez es más crítica sobre el destino de los recursos que se dan a las universidades, sobre todo si ésta sociedad no ve un beneficio práctico y tangible. A esto se suman voces como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que en reiteradas ocasiones ha señalado la necesidad de revisar el esquema de cuotas (pagos, pues) en las universidades públicas.

El tema no es menos relevante y debe tratarse con el cuidado debido, pues por una parte está la cuestión de la inclusión social en la dinámica del desarrollo comunitario, dinámica que pasa por la educación superior, pero por el otro está la exigencia social de que los recursos invertidos en educación superior tengan cierta correspondencia en la formación del egresado y el impacto en la sociedad.

Si bien la noción socializadora de la educación superior nos lleva a todos a pensar en que ésta debe ser accesible, la visión basada en la justicia nos impele a que los recursos sean eficientemente utilizados. No se trata de cobrar más cuotas, pero si de establecer lineamientos para la aplicación de éstas cuotas así como los niveles óptimos que garanticen por un lado el acceso a la educación superior pero por otro, y muy importante, la responsabilidad de quien accesa a ella para sacar el mayor provecho de la misma.

 La educación, sobre todo la educación superior, debe verse como lo que es: un motor que dinamiza el desarrollo social, en este sentido el acceso a la misma debe ser una garantía pero también con ello la corresponsabilidad de los actores participantes en el financiamiento de sus actividades sustantivas.


Roberto Celaya Figueroa, Sc.D.
Formación • I+D+i • Consultoría
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Este artículo puede verse en video en https://youtu.be/2FsBD230_yQ

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viernes, 5 de mayo de 2017

La prueba de fuego de los programas de estudio y sus contenidos



Una de las responsabilidades más emblemáticas de las universidades es precisamente la formación de los futuros profesionistas, esta formación para  responder a las expectativas formativas de los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores requeridos debe sustentarse en contenidos coherentes, pertinentes y relevantes.

Recuerdo en una ocasión como responsable de una materia de licenciatura, que uno de los principales problemas de la misma era la sobresaturación de contenidos. Los maestros, tradicionalmente enfocados a transmitir conocimientos, habían rellenado, como se dice coloquialmente, “con calzador” la materia con tal cantidad de información ya que el supuesto básico era que si el alumno lo veía en clase era más que lógico que lo asimilara, lo cual sabemos no es así. En un primer intento por reestructurar los contenidos de la materia, los maestros iban defendiendo uno a unos los puntos hasta que prácticamente quedaba de nuevo saturada de información.

Entonces ideé un ejercicio. Les dije que imagináramos que teníamos todo el dinero del mundo para construir un vehículo. Les pedí me dijeran qué le pondríamos, las ideas fueron desde asientos de piel, rines de lujo, quemacocos y todos los accesorios de lujo. Una vez terminadas las características del vehículo les dije que imagináramos que los recursos se nos habían reducido a la mitad, ¿qué cosa cambiaríamos? Quitamos los asientos de piel, los rines de lujo, quemacocos y demás para dejarlo funcional pero austero.

Me fui llevando el ejercicio hasta que llegamos a tener un 10% de los recursos financieros  originalmente asignados, al final nos quedó un vehículo que prácticamente solo tenía el chasis (ni siquiera la carrocería), motor, llantas, asiento (uno solo) y lo necesario para conducirlo. Al terminar nuestro reto les pregunté que como era posible que sin ser expertos en cuestiones automotrices hubiéramos podido llegar a un auto funcional con lo mínimo requerido pero que siendo expertos en la materia de curso que estábamos analizando no pudiéramos decidir entre lo esencial y lo que no? Ese ejercicio sirvió para romper esquemas y finalmente llegamos a una materia con contenidos que nos permitían evaluar los desempeños reales de los alumnos.

En otra ocasión en el diseño de una carrera todos los maestros involucrados defendían contenidos (conceptualizados como materias) de un sinfín de aspectos de la vida profesional. Todos con argumentos sobre la “tremenda” importancia que tenía el dar esa materia con sus contenidos programáticos. Dado que todos “teóricamente” proponían, argumentaban y defendían contenidos que hubieran hecho una carrera de ocho o diez años les propuse una apuesta (apuesta obvio que no aceptaron pero que sirvió para establecer otros parámetros de discusión): “si están tan convencidos de tal o cual materia, si creen que no solo es importante sino es que indispensable para la vida profesional, si realmente creen que ese conocimiento es útil y demandable, ¿por qué no ofertan un curso en la comunidad –tipo educación continua- para ver cuanta gente se inscribe en ellos?”

El docente en ocasiones, sobre todo si está desligado de la práctica profesional, puede tener una visión  no aplicable de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores requeridos para desempeñar una profesión. La prueba de fuego es esa que acabo de mencionar: sacar ese conocimiento al mercado para ver cuántos están realmente dispuestos a pagar por él. Esto no es una visión mercantilista de la educación sino eminentemente relevante, coherente y pertinente, ya que ese “pago” mencionado no necesariamente tiene que ser dinero, sino incluso tiempo de la vida de quienes asistan a los cursos que se oferten.

Pensemos un momento en lo anterior: si un contenido programático no es demandado eso implica que no existe la necesidad real en la comunidad que la mueva a solicitarlo. Tan sencillo como eso. Es así como esa “prueba de fuego” es de utilidad al momento de evaluar tanto lo que se verá en cada materia de un proceso formativo profesional, como los temas que incluirá un programa de estudios.


Roberto Celaya Figueroa, Sc.D.
Formación • I+D+i • Consultoría
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Este artículo puede verse en video en https://youtu.be/eb1oxVWjrBw


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