La educación superior
como cualquier actividad humana, tiene necesidad de sostenerse económicamente,
en el caso de las universidades públicas el gobierno dispone de partidas
presupuestales para garantizar su función, de la misma forma, y como una manera
de complementar esta necesidad de recursos, las universidades tienen fuentes
para generar lo que se conoce como ingresos propios, una de estas fuentes son
las cuotas universitarias.
La historia de la
educación, sobre todo de la educación superior, tiene mucho para entender el
estado actual de la misma. Originalmente, la educación superior (o lo que
entenderíamos como ello) estaba prácticamente vedada para las clases altas, los
aristócratas, los pudientes. No es sino hasta el advenimiento de la universidad
pública donde las puertas del conocimiento se abren para la sociedad.
La idea de una
universidad pública se sustenta en la premisa que reconoce a la ciencia y el
conocimiento como el motor de desarrollo de las sociedades. Inicialmente las
universidades se sostenían con lo que los gobiernos les asignaban para sus
funciones sustantivas, pero teniendo necesidad de mayores recursos éstas
comenzaron a ver otras áreas de oportunidad para allegarse de ellos: eventos, renta de locales, sorteos y demás
comenzaron a verse como las áreas potenciales para recursos extras, de la misma
forma el establecimiento de cuotas entró en escena.
Una universidad
pública no está diseñada para funcionar (mantenerse y financiarse) con cuotas o
colegiaturas, hacerlo así revertiría la tendencia de la educación superior
hasta los niveles primarios de la misma donde solo los que podían pagar por la
educación tenían acceso a ella. De la misma forma la asignación de un presupuesto
le concede cierta libertad para formar, investigar y extender la ciencia y la
cultura no necesariamente con criterios monetarios o mercantilistas sino
también sociales.
Pero de la misma
forma la sociedad, que presenta varias necesidades prioritarias en cuestiones
de salud, alimentación o seguridad, cada vez es más crítica sobre el destino de
los recursos que se dan a las universidades, sobre todo si ésta sociedad no ve
un beneficio práctico y tangible. A esto se suman voces como la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que en reiteradas
ocasiones ha señalado la necesidad de revisar el esquema de cuotas (pagos,
pues) en las universidades públicas.
El tema no es menos
relevante y debe tratarse con el cuidado debido, pues por una parte está la
cuestión de la inclusión social en la dinámica del desarrollo comunitario,
dinámica que pasa por la educación superior, pero por el otro está la exigencia
social de que los recursos invertidos en educación superior tengan cierta
correspondencia en la formación del egresado y el impacto en la sociedad.
Si bien la noción
socializadora de la educación superior nos lleva a todos a pensar en que ésta
debe ser accesible, la visión basada en la justicia nos impele a que los
recursos sean eficientemente utilizados. No se trata de cobrar más cuotas, pero
si de establecer lineamientos para la aplicación de éstas cuotas así como los
niveles óptimos que garanticen por un lado el acceso a la educación superior
pero por otro, y muy importante, la responsabilidad de quien accesa a ella para
sacar el mayor provecho de la misma.
La educación, sobre todo la educación
superior, debe verse como lo que es: un motor que dinamiza el desarrollo
social, en este sentido el acceso a la misma debe ser una garantía pero también
con ello la corresponsabilidad de los actores participantes en el
financiamiento de sus actividades sustantivas.
Roberto
Celaya Figueroa, Sc.D.
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