Todas las
universidades tiene órganos colegiados donde las decisiones, estratégicas u
operativas, académicas o administrativas, son discutidas, consensadas y
acordadas. Si consideramos que quienes son electos para representar un sector
universitario en esos órganos llegan con su agenda de temas de interés de
grupo, tenemos entonces que en esas instancias todos hablan por todos, pero
nadie habla por la universidad.
En una ocasión,
después de un proceso para elegir representantes académicos ante un Consejo
Universitario, uno de los representantes académico señaló que él ya traía los
puntos que deseaba llevar y defender en Consejo (los cuales por cierto se
referían a ciertas percepciones del programa de estímulos al desempeño que
quería garantizar para los maestros que representaba), me quedé pensando que al
igual que este maestro todos quienes suben a los órganos colegiados de
discusión traen sus puntos, de la misma forma me quedé pensando en quién habría
de hablar por la universidad.
Pensemos en esto: los
representantes académicos representan los intereses del área académica, los
representantes administrativos los de la parte administrativa, los
representantes de los alumnos pues a los alumnos y la administración de la
universidad sus propios intereses, luego entonces ¿quién habla por la
universidad?
¿Qué es eso de
“hablar por la universidad”? Que aunque un representante traiga su agenda, esta
agenda este en conformidad con el bien institucional, con su plan de desarrollo,
con su normatividad, ¡caray!, que la argumentación no vaya en el sentido de
“quiero esto para mi gente” sino más bien “quiero esto que si bien beneficia a
mi gente es para un bien mucho mayor: el de la universidad”.
¿Y cómo puede hacerse
eso? ¡Carambas!, no es tan complicado, pero si requiere dejar de lado el
pensamiento mezquino de ver de dónde puede uno sacar raja, como se dice
vulgarmente. La idea es que toda propuesta, toda solicitud, vaya aparejada de
razonamientos y argumentos que sustentados en la normatividad institucional
vigente busquen impactar de manera exitosa en los fines institucionales más que
los beneficios facciosos o de grupos.
En otros momentos
cuando he hablado de otros temas, he tocado el relativo al del empoderamiento y
en esta ocasión sigo insistiendo en ello: se trata, claro, de dotar del poder
necesario a estos órganos de deliberación para que se pueda dar una discusión
de ideas con la viabilidad de llevarlas a cabo, pero de la misma forma deben
dotarse de las reglamentaciones necesarias para que cualquier tema, punto de
acuerdo, propuesta o solicitud se ajuste de manera clara, práctica y objetiva
al bien superior que es el de la institución.
Si quienes participan
en los órganos de deliberación en las universidades realmente tienen el sentido
ético, moral y profesional de compromiso con la institución, no dudarán en
ajustar las ideas que les sirvan de punto de deliberación a las condiciones que
permitan el desarrollo, mejora y consolidación de la universidad, en caso
contrario estaremos ante viles mercenarios que sin importar la institución solo
buscarán egoístamente el beneficio personal, faccioso o de grupos.
Roberto
Celaya Figueroa, Sc.D.
Formación
• I+D+i • Consultoría
Desarrollo
Empresarial - Gestión Universitaria - Liderazgo Emprendedor
Este
artículo puede verse en video en https://youtu.be/jHTgSbqB18c
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